domingo, 17 de abril de 2016

LEY DE MEDIOS: INCONSTITUCIONAL Y NULA(2)


San Miguel de Tucumán, 15 de abril de 2016


SEÑOR JUEZ FEDERAL
JUSTICIA FEDERAL DE TUCUMAN
S                             /                              D


Referencia Petitorio: 1º) Se declare inconstitucional y nula de nulidad absoluta a la Ley Nº 26.522, conocida como “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” o “Ley de Medios”.


LUIS ANTONIO MENA, DNI 11.463.182, divorciado, con domicilio real en San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, República Argentina, Email: luism911@gmail.com, como ciudadano argentino, por derecho propio y sin patrocinio legal profesional, me presento ante el señor Juez Federal de Tucumán y respetuosamente

DIGO:
Denuncio y solicito que se declare totalmente inconstitucional y nula de nulidad absoluta a la Ley Nº 26.522, conocida como “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” o “Ley de Medios”, sancionada y promulgada el 10 de octubre de 2009.
Como periodista profesional, ex docente de periodismo y autor de un ensayo sobre “Derecho a la información”, entre otras conceptualizaciones, sostengo firmemente y con conocimiento de causa que la mencionada ley atenta gravemente contra derechos humanos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional Argentina y en las Convenciones y Declaraciones de Derechos Humanos Internacionales.
En el art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica surgen claros los derechos y garantías individuales a la libertad de opinión y expresión, a investigar, difundir o recibir información. Pero lo más claro y contundente es el inciso 3º que expresa: “3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
Pero además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó durante el 108° período de sesiones, en octubre de 2000, la "Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión", propuesta por la Relatoría para la Libertad de Expresión de dicha Comisión, la que constituye un documento básico para la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta Declaración está compuesta por un Preámbulo y 13 principios básicos.
Se puede considerar esta Declaración como el más importante documento de interpretación del art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica. Es claro, preciso, concreto e ilustrativo para definir la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta de la Ley de Medios Nº 26.522.
Con mayor precisión, el Principio número 13 de la Declaración es lo más concreto con respecto a mi petitorio: “13. La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.
Por otra parte, la Ley de Medios tiene orígenes dictatoriales, espurios y bastardos, y es fuente de gravísimos actos de corrupción financiera, económica, política, institucional, social y otros.
Mi única duda para este planteo fue que ningún otro profesional periodista o editor, ni profesionales del derecho y sus respectivas entidades corporativas hubieran accionado antes por la inconstitucionalidad y nulidad total de la citada ley, y no sólo de algunas de sus partes. Considero que puede deberse a ignorancia o confusión sobre conceptos básicos de periodismo y comunicación, como planteo en mi ensayo sobre “Derecho a la Información: ¿réplica, respuesta y/o rectificación?”, publicado en el sitio:
Y también a la interesada complicidad con conocimiento de causa de grupos internacionales y nacionales de poder financiero y económico, propietarios de los mal llamados medios de “comunicación”, gobernantes, políticos y otros sectores interesados en transacciones corruptas de poderío y manipulación propagandística de la opinión pública, como lo destaco en mi nota sobre “Derecho a la Información Social Pura”, en el sitio:

FUNDAMENTOS:

A) ORIGEN DICTATORIAL Y CORRUPTO DE LA LEY Nº 26.522
En principio, es muy importante destacar los orígenes dictatoriales y corruptos de la citada ley, por lo que transcribo notas sobre “Ley de Medios” de buscadores de Internet. De la información surge que la citada ley reemplazó a la Ley de Radiodifusión Nº 22.285, promulgada en 1980 por la “dictadura cívico militar” autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”. Por lo tanto la anterior ley fue IMPUESTA por una “dictadura cívico militar”, es decir, por un GOBIERNO “DE FACTO”; y al restablecerse el sistema democrático correspondía también “IPSO FACTO”, o más bien “IPSO IURE”, la derogación o nulidad absoluta y total de la ley de la dictadura, y no el reemplazo por otra ley que sigue siendo inconstitucional y nula de nulidad absoluta como continuaré destacando.
En definitiva, no hace falta ninguna ley que “regule” ni ataque los derechos humanos fundamentales como el de la “libertad de informar e informarse” o “LIBERTAD DE PRENSA”. Y si lo que se pretende es “regular y controlar” a los mal llamados medios de “comunicación”, corresponde legislar sobre la “LIBERTAD DE EMPRESA” a través del derecho civil, comercial y contractual, con intervención del Registro Público de Comercio.

INFORMACION DE INTERNET SOBRE ANTECEDENTES:
“LEY DE MEDIOS: La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y su Decreto reglamentario 1225/2010 establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina. Esta legislación fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, que había sido promulgada en 1980 por la dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional y se había mantenido vigente desde entonces.1
Desde la recuperación de la democracia el 10 de diciembre de 1983, existió un amplio consenso sobre la necesidad de derogar la norma de la dictadura y sancionar una nueva ley, en consonancia con las necesidades cívicas y participativas de la democracia. Los presidentes Raúl Alfonsín en 1988 y Fernando de la Rúa en 2001, presentaron sendos proyectos de ley, que no pudieron ser tratados, afectados por fuertes presiones por parte de los intereses involucrados.2
En agosto de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para reemplazar la ley de radiodifusión, luego de haber sido debatido por un año, en 24 foros que se desarrollaron en distintos puntos del país, una propuesta de proyecto de ley basada en veintiún puntos presentados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004.
El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados y fue aprobado por esta instancia luego de que se le realizaran más de 100 modificaciones, adquiriendo de esta manera la media sanción. En el Senado, fue aprobado por 44 votos a favor y 24 en contra.
Las leyes de 1957 y 1980
En 1957 se sancionó el Decreto Ley Nacional de Radiodifusión y Televisión. Después en 1965 el decreto reglamentario 5490/65, señalaba entre otras cosas que los contenidos de las transmisiones quedaban enmarcados en una serie de normas; cuyo cumplimiento debería ser fiscalizado por el Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONART).3
La Ley Nacional de Telecomunicaciones n°. 19.798, sancionada el 22 de agosto de 1972 dio origen al Comité Federal de Radiodifusión(COMFER), sustituyendo a la CONART. La ley Nacional de Radiodifusión n°. 22.285 fue promulgada el 15 de septiembre de 1980, durante el Proceso de Reorganización Nacional, derogando la Ley n°. 19.798 y reglamentando las pautas para los servicios de radiodifusión en todo el territorio de la República Argentina. Esta ley llevaba la firma de, entre otras personas, Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy y José Alfredo Martínez de Hoz.4
La ley 22.285 contemplaba en su artículo 7 una limitación al derecho a la libertad de expresión al anteponer a la misma las llamadas «necesidades de la seguridad nacional».5
Los servicios de radiodifusión deberán difundir la información y prestar la colaboración que les sea requerida, para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional. A esos efectos el Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer restricciones temporales al uso y a la prestación de todos los servicios previstos por esta Ley.
Artículo 7 de la Ley Nacional de Radiodifusión no. 22.2854
La ley estableció, en su artículo 45, que sólo podían ser titulares de licencias personas individuales o sociedades comerciales, exceptuando a las empresas periodísticas (inciso E). No se permitía que las organizaciones sin fines de lucro (religiosas, sindicales, culturales, cooperativas, etcétera) pudieran ser titulares de radios o canales de televisión. Tampoco a las universidades se les permitía tener radios o televisiones, con excepción de las que ya las tuvieran instaladas, las que a su vez tenían severas restricciones en materia de publicidad (artículo 107). Con respecto a las provincias y municipios, la ley solo les permitía tener un servicio de radio y sin publicidad (artículo 107).
El objetivo de la ley era tener un sistema de medios de comunicación comercial, controlados por las Fuerzas Armadas bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional. Para ello ordenó la privatización masiva de las señales en un plazo de tres años (artículo 106).

El COMFER
La ley 22.285 creó el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) como autoridad de aplicación. El organismo está diseñado siguiendo las pautas de la Doctrina de la Seguridad Nacional impulsada por los Estados Unidos en las décadas de 1960, 1970 y 1980. Entre sus funciones se encuentran las de «controlar los servicios de radiodifusión, en sus aspectos culturales, artísticos, legales, comerciales y administrativos», «supervisar la programación y el contenido de las emisiones» y «calificar en forma periódica a las estaciones».[cita requerida]
La Ley n°. 22.285 estableció que el COMFER estaría dirigido por un directorio integrado por siete miembros, cada uno de ellos representante de los siguientes sectores:
·                    Ejército Argentino
·                    Armada Argentina
·                    Fuerza Aérea Argentina
·                    Secretaría de Información Pública
·                    Secretaría de Estado de Comunicaciones
·                    La asociación de licenciatarios de radio
·                    La asociación de licenciatarios de televisión.
La ley establece también que el directorio debe ser asesorado por una comisión integrada por representantes de todos los ministerios del gobierno nacional y de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).[cita requerida]

Situación luego de la recuperación de la democracia:
Debido a la composición autoritaria del COMFER, al recuperarse la democracia el 10 de diciembre de 1983, el Presidente Raúl Alfonsín dispuso su intervención hasta la sanción de la nueva ley de radiodifusión. Debido a que dicha ley no fue sancionada, el COMFER permaneció intervenido por el Poder Ejecutivo Nacional desde entonces y hasta que fuera remplazado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
Durante el gobierno de Carlos Menem se realizaron algunas modificaciones orientadas al proceso de privatización de señales, que permitieron la concentración de las mismas en grandes multimedios y facilitaron la actuación de empresas extranjeras. Una de las más importantes fue la autorización a las empresas de periodismo para ser titulares de radios y canales de televisión (Ley 23.696 de Reforma del Estado, artículo 65). También se autorizó la difusión de publicidad producida fuera del país (Resolución 1226/93), se habilitaron mecanismos para poder transmitir en idiomas extranjeros y se flexibilizaron las restricciones para realizar juegos de azar (Decreto 1062/98).
En agosto de 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se sancionó la Ley 26.053 para permitir que las cooperativas pudieran acceder a licencias. Mediante esta ley, se modificó el texto del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, permitiendo acceder a las licencias a personas y entidades sin fines de lucro prestadoras de servicios públicos, contemplando la realidad planteada por numerosas cooperativas de electricidad del interior del país que pretendían brindar servicios de radiodifusión en sus diferentes variantes.6
Desde la recuperación de la democracia en 1983, existió un amplio consenso sobre la necesidad de derogar la norma de la dictadura y sancionar una nueva ley, en consonancia con las necesidades cívicas y participativas de la democracia. En este tiempo se presentaron en total 40 proyectos de leyes para reemplazar el Decreto Ley de la dictadura.7 Los proyectos de mayor importancia fueron los presentados por los presidentes Raúl Alfonsín en 1988 y Fernando de la Rúa en 2001, que no pudieron ser tratados, afectados por fuertes presiones por parte de los intereses creados, especialmente de titulares de multimedios.2”.

B) DERECHOS HUMANOS: LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESION:
Según notas sobre el tema: “La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, señalado en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Las constituciones de los sistemas democráticos también lo señalan. De ella deriva la libertad de imprenta, también llamada libertad de prensa.
El derecho a la libertad de expresión es definido como un medio para la libre difusión de las ideas, y así fue concebido durante la Ilustración.
Para filósofos como Pach, MontesquieuVoltaire y Rousseau la posibilidad del disenso fomenta el avance de las artes y las ciencias y la auténtica participación política. Fue uno de los pilares de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos (Primera Enmienda) y la Revolución francesa”.
En el Artículo 19 de la "Declaración Universal de los Derechos Humanos", se lee: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión."
La "Convención Americana sobre Derechos Humanos" o "Pacto de San José de Costa Rica" de 1969, en el Artículo 13° señala:
"Libertad de pensamiento y de expresión.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) El respeto a los derechos o la reputación de los demás, o
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión u origen nacional."
La prohibición de toda propaganda en favor de la guerra, también está consagrada en el "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".
La Convención Europea de Derechos Humanos, aprobada en el marco del Consejo de Europa, proclama la libertad de expresión en su artículo 10. Afirma que incluye tanto la libertad de opinión como la de recibir y transmitir informaciones o ideas sin injerencia de los poderes públicos. No obstante, admite que los Estados puedan someter a las empresas de radio, televisión y cine a un régimen de autorización previa. El precepto permite restricciones legales basadas en una pluralidad de motivos de índole pública y privada.
Por otra parte, existen otros derechos y libertades (o "derechos a la libertad de...", ejemplo: derecho a la libertad de reunión, manifestación, ejercicio de cultos, etc) conjuntamente con el derecho a la libertad de expresión. Así el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto ni ilimitado, como tampoco lo es ningún otro derecho o libertad. Cada derecho o libertad (derecho a la libertad de...) tiene un ámbito de desenvolvimiento y de compresión, y cada persona que ejerce un derecho, debe actuar dentro de ese ámbito de desenvolvimiento y de comprensión de dicho derecho. Actuar más allá de dicho ámbito, es no actuar dentro de dicho derecho, sino fuera de el, con la posibilidad de quien actúa de violar, vejar o atropellar derechos de otras personas, y es más grave aun cuando se trata de derechos humanos. El límite al derecho humano de la libertad de expresión, está dado por el respeto a otros derechos humanos.
Concordante con esto, la "Convención Americana sobre Derechos Humanos", expresa en su Artículo 11: " Protección de la honra y de la dignidad.
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques."
Y el Art.14 de dicha Convención consagra el "Derecho de rectificación o respuesta", dice:
"Derecho de rectificación o respuesta.
1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de otras responsabilidades legales en que se hubiere incurrido.
3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial”.

MI ENSAYO SOBRE EL ART. 14, E IMPORTANCIA DEL ART. 13
Sobre el art. 14 del Pacto de San José de Costa Rica elaboré el ensayo publicado en el sitio:
En el art. 13 y otros mencionados antes, surgen claros los derechos y garantías individuales a la libertad de opinión y expresión, a investigar, difundir o recibir información. Pero lo más claro y contundente es el inciso 3º que expresa: “3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

C) DERECHO A LA INFORMACION:
Según un artículo de Leandro Zana sobre “Derecho a la información y marco legal de la actividad de prensa”, el derecho sustantivo que se reconoce con el art. 13 del Pacto, es el derecho a expresarse sin ser censurado explícita o implícitamente.
Agrega que “el Pacto de San José de Costa Rica reconoce todo tipo de expresión, sea periodística, educativa, artística o humorística. Tampoco hace distinciones del medio utilizado para la transmisión de ideas, ni de los mecanismos utilizados para la censura”.
“Por lo tanto resultan actos de censura tanto las prohibiciones de artistas o comunicadores, los levantamientos de programas, las amenazas que tienden a la autocensura o las listas negras constituyendo “Censura Directa”. “Censura Indirecta” se podría considerar el monopolio u oligopolio de papel para diarios, el levantamiento de órdenes de publicidad, la distribución descompensada de publicidad oficial como forma de castigo a los medios, la doble o triple imposición sobre la actividad de la prensa, o la negativa pertinaz a explotar las frecuencias aún inutilizadas de espectro radio eléctrico argentino”.
“El derecho a expresarse conforma o traduce en el derecho a difundir informaciones u opiniones sin censura. Del mismo modo, el derecho a la información está destinado a garantizar la plena posibilidad de investigación e indagación de fuentes, más aún cuando son públicas. Se puede señalar también como elemento integrante del derecho a la información la facultad de contar con los elementos suficientes para el ejercicio de tal derecho. El derecho de difundir por cualquier medio implica también el derecho a acceder a ellos”.
“El derecho a rectificación o respuesta sería una forma efectiva de ejercer la libertad de prensa por el ciudadano común”.
“El derecho al secreto profesional y la reserva de las fuentes informativas es la garantía de la libertad de investigación y tiene dos aristas fundamentales: una destinada a proteger la labor del profesional en la continuidad de sus tareas; la otra, orientada a proteger a quienes colaboran con la actividad periodística al acercar datos”.

D) DERECHOS DEL INFORMADO:
Así como destaca los derechos del informador y menciona la censura directa e indirecta, también hace referencia Leandro Zana a los derechos del informado, es decir, a quien o quienes reciben la información: “El proceso de decodificación e interpretación desmiente la concepción de mero receptor. Participa. El sentido de incluir el concepto de informado está orientado a reconocerlo como un agente activo en la relación informativa, en la que tiene derechos reconocidos desde la concepción del Sujeto Universal del derecho a la información”.
“El derecho que le cabe es recibir informaciones y opiniones por cualquier medio y sin limitación de fronteras. Este punto es fundamental y está orientado al pleno reconocimiento del derecho al conocimiento y a la participación del individuo. El derecho al hecho o derecho al conocimiento de la noticia es aquel que le permitirá saber qué es lo que le ocurre a su alrededor como forma imprescindible de permitir su participación en la comunidad”.
“Debe contar también el sujeto informado con las facultades suficientes para seleccionar los medios con los que se quiere informar. Lo que podría denominarse Derecho al Pluralismo Informativo, es la garantía efectiva de la recepción de una información sana y participativa”.
“La facultad de cualquier ciudadano de contar con pluralismo informativo es el objetivo de impedir la conformación de monopolios informativos, obligación que le cabe al Estado según el art. 13, inc. 3 del Pacto de San José de Costa Rica”.
Como destaqué antes, este es uno de los puntos más importantes por su relación con la inconstitucionalidad de la Ley de Medios, ya que el pluralismo informativo es el derecho humano de cualquier persona derivado de la libertad de informar e informarse; y doblemente importante en el caso de aplicarse a los periodistas por constituir el fundamento de la tarea profesional.
La Ley de Medios comienza con teorías y fundamentos contradictorios sobre derechos y obligaciones, y termina estableciendo regulaciones a los medios en su condición de EMPRESAS, avasallando y pisoteando impunemente el derecho natural y humano al pluralismo informativo de cada ciudadano y especialmente de los periodistas e informadores.
Finaliza destacando Leandro Zana que “el informado tiene también derecho a contar con información veraz. A la protección de su honra y su intimidad, como también a reclamar la aplicación de sanciones legales que le correspondan en caso de avasallamiento a este derecho. La actividad de comunicación social no debe contar con impunidad, mas sí con libertad de acción”.

E) TEORIAS CONTRAPUESTAS SOBRE LIBERTAD DE PRENSA:
Según notas de Internet, “desde el surgimiento de las economías de intercambio los dos sistemas económicos contrapuestos, tanto el capitalista como el socialista han tomado como suya la bandera de la libertad de prensa, por lo que han diferido en los criterios de generación y asignación de los medios de comunicación que serían necesarios para su existencia. Estos criterios dependen, en última instancia, de la concepción individualista o colectivista adoptada al respecto de los derechos individuales, de las clases sociales y de la misma noción de “pueblo” que será beneficiario de los mismos”. Una es la “interpretación democrática liberal” y otra es la “interpretación democrática socialista”.
Desde mi punto de vista, ambas son descartables porque siguen el criterio dualista de “izquierda y derecha”, utilizado en las campañas propagandísticas ideológicas de los personeros políticos y gubernamentales que apuntan a la manipulación de la opinión pública.
También se destaca que: “Otro argumento clásico, asociado a John Stuart Mill, es que la libertad de prensa es esencial para el descubrimiento de la verdad.
Oliver Wendell Holmes Jr. y Louis Brandeis, famosos juristas estadounidenses, acuñaron el argumento del mercado de ideas. Según esta analogía con la libertad de comercio, la verdad de una idea se revela en su capacidad para competir en el mercado. Es decir, estando en igualdad de condiciones con las demás ideas (libertad de expresión), los individuos apreciarán qué ideas son verdaderas, falsas, o relativas. Este argumento ha sido criticado por suponer que cualquier idea cabría en el mercado de ideas. Y aun así, el que unas ideas tengan mayores medios de difusión las impondría sobre otras, al margen de la verdad. La alternativa a esta debilidad del mercado de ideas sería la persecución de la falsedad. Pero esta presenta su propia debilidad, ¿cómo saber si se está en lo cierto si se persigue la opinión disidente? Incluso si pudiéramos tener la certeza de la verdad de una opinión, la existencia de opiniones disidentes permite poner a prueba, mantener viva y fundamentada la opinión verdadera y evita así que se convierta en dogma o prejuicio infundado.
Lo cierto es que esta metáfora se presta a equívocos, y Mill no comparó la libertad de expresión con un mercado. En Sobre la libertad(1859) apelaba a la libertad para exponer y discutir con el fin del conocimiento. Esto implica unas normas implícitas de conducta que aseguren el mutuo respeto entre los ponentes”.
Sorprendente versión del “mercado de ideas” asociado a la libertad de prensa, y por analogía también a la “libertad de comercio”.

F) SOCIEDAD DE LA INFORMACION:
En la Ley de Medios se destaca una “fuente” denominada “SOCIEDAD DE LA INFORMACION”, que en realidad suena como el nombre de una secta o logia y produce escalofríos.
Al respecto, se menciona lo siguiente: NOTA artículos 2º y 3º:
“Los objetivos de la ley están alineados con los textos internacionales de derechos humanos, en particular los que se exponen vinculados a la libertad de expresión: Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH artículo 13.1) Convención UNESCO de Diversidad Cultural. Constitución Nacional. Artículo 14, 32, 75 inciso 19 y 22. Principio 12 y 13 de la Declaración de Principios de Octubre de 2000 (CIDH). artículo 13. 3 inciso 3 de la CADH.
Se agregan aspectos relacionados con expresiones de la Cumbre de la Sociedad de la Información en orden a la eliminación de la llamada brecha digital entre ricos y pobres.
En la Declaración de Principios 12 de mayo de 2004 Construir la Sociedad de la Información: un desafío global para el nuevo milenio se expone:
(http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC- 0004 MSWS. doc):
“A nuestra visión común de la Sociedad de la Información
1 Nosotros, los representantes de los pueblos del mundo, reunidos en Ginebra del 10 al 12 de diciembre de 2003 con motivo de la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
En definitiva, se recitan todos los derechos, principios y garantías, se los enmascara con algunas declaraciones “ginebristas” de “cumbres mundiales sobre la sociedad de la información”, y se redacta e impone una ley que aplasta derechos humanos fundamentales en beneficio de algunos intereses empresariales y financieros nacionales e internacionales.

G) PERIODISMO PUBLICO O CIVICO, PARA EL BIEN COMUN. OBLIGACION PARA CON LA SOCIEDAD Y LA OPINION PUBLICA:
Otro texto de Internet destaca: “El fin último del periodismo en una democracia es mejorar las condiciones sociales de la gente. Sólo una prensa libre, independiente de las influencias del gobierno y los intereses políticos, puede contribuir a la libertad individual en una sociedad. El periodismo que tiene como objetivo principal el bienestar social se le conoce como periodismo público o cívico”.
“Para John Dewey, la clave para el avance de la sociedad en la democracia es la discusión abierta y trascendente entre todos los miembros de la comunidad. Dewey creía que la democracia es la idea de la comunidad en sí misma, contrariamente a la idea de Lincoln de la democracia como el gobierno de la gente, para la gente.
Dewey no rechazaba los conceptos del individualismo y la auto realización que surgieron en la ilustración, sino que “los redefinió como un nuevo individualismo que coloca a la persona en un contexto social y que la armoniza con sus acciones sociales, alentado por el espíritu social”.
Dewey visualizaba el periodismo como una herramienta de la comunidad para obtener el bien común, lo que se conoce como periodismo cívico o público. Su rol, en lugar de servir a los intereses de las elites o la hegemonía, se enfoca en generar conocimiento entre los ciudadanos. Estos son participantes activos en el periodismo público y las noticias son el producto de la interacción entre los sectores público y privado”.

H) FUNCION DEL PERIODISMO Y DE LOS MEDIOS DE DIFUSION:
En continuidad con el punto anterior, reitero mi concepto personal sobre la función del periodismo y los periodistas, por un lado; y la función de los medios de difusión, por el otro.
Sostengo que la función del periodismo y del periodista es sólo y simplemente INFORMAR A LA SOCIEDAD, EN PROCURA DEL BIEN COMUN, CON SENTIDO DE LA VERDAD Y TENDENCIA A LA OBJETIVIDAD.
Las funciones de los medios de difusión son de INFORMAR, FORMAR Y ENTRETENER. Las disfunciones o corrupciones que se generan son la desinformación (a veces saturando con informaciones); la deformación de la realidad y de las ideas; y la distracción con el objetivo de evitar reacciones en la sociedad.
Finalmente, el objetivo del poder financiero, político y gubernamental con el dictado de leyes como la Nº 26.522, es regular la LIBERTAD DE EMPRESAS para encubrir el aplastamiento de la LIBERTAD DE PRENSA, y así tener el dominio y control de la OPINION PUBLICA.

I) EL DOCUMENTO MÁS IMPORTANTE PARA ESTA PRESENTACIÓN: COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. DECLARACION DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESION:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó durante el 108° período de sesiones, en octubre de 2000, la "Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión", propuesta por la Relatoría para la Libertad de Expresión de dicha Comisión, la que constituye un documento básico para la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta Declaración está compuesta por un Preámbulo y 13 principios básicos:
“DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN:
PREÁMBULO

REAFIRMANDO la necesidad de asegurar en el hemisferio el respeto y la plena vigencia de las libertades individuales y los derechos fundamentales de los seres humanos a través de un estado de derecho;

CONSCIENTES que la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión;

PERSUADIDOS que el derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento entre los pueblos, que conducirá a una verdadera comprensión y cooperación entre las naciones del hemisferio;

CONVENCIDOS que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático;

CONVENCIDOS que garantizando el derecho de acceso a la información en poder del Estado se conseguirá una mayor transparencia de los actos del gobierno afianzando las instituciones democráticas;

RECORDANDO que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada porla Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales;

RECONOCIENDO que los principios del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos representan el marco legal al que se encuentran sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos;

REAFIRMANDO el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión;

CONSIDERANDO la importancia de la libertad de expresión para el desarrollo y protección de los derechos humanos, el papel fundamental que le asigna la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el pleno apoyo con que contó la creación de la Relatoría para la Libertad de Expresión, como instrumento fundamental para la protección de este derecho en el hemisferio, en la Cumbre de las Américas celebrada en Santiago de Chile;

RECONOCIENDO que la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información;

REAFIRMANDO que los principios de la Declaración de Chapultepec constituyen un documento básico que contempla las garantías y la defensa de la libertad de expresión, la libertad e independencia de la prensa y el derecho a la información;

CONSIDERANDO que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental;

RECONOCIENDO la necesidad de proteger efectivamente la libertad de expresión en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en respaldo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, adopta la siguiente Declaración de Principios;

PRINCIPIOS

      1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

   2. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

       3.   Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla. 

     4.  El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.  

    5.  La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

    6.  Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.

      7. Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.

   8.  Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.

  9. El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.

 10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.  Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

     11.  Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

     12.  Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.

     13.  La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de  sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.


J) LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES SON INDIVIDUALES, NO DE MEDIOS EMPRESARIALES. NO SE PUEDEN “DEMOCRATIZAR”, NI EL ESTADO “A-PODER-DARSE” PARA SI NI PARA NINGUN GOBIERNO EL DERECHO A REGULARLO MEDIANTE UNA LEY, LO CUAL ES INCONSTITUCIONAL Y NULO DE NULIDAD ABSOLUTA:
Se puede considerar esta Declaración como el más importante documento de interpretación del art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica. Es claro, preciso, concreto e ilustrativo para definir la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta de la Ley de Medios Nº 26.522.
Es muy importante reiterar las veces que sea necesario que LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES SON INDIVIDUALES, como el derecho a la información y a la libre expresión de ideas, a la vida, a la libertad, a la propiedad. Son distintos a los derechos personalísimos (honor, intimidad, imagen), como destaqué en mi ensayo al impugnar el art. 14 del Pacto de San José de Costa Rica y los fallos de la Corte Suprema de Justicia argentina que lo aplicaron:
(ver: http://editornoroestino.blogspot.com.ar/2008/10/derecho-de-rplica-respuesta.html  ).
Por lo tanto es imposible y de ninguna manera se pueden extender o transferir de hecho, figurativa ni legal o legislativamente esos derechos a los medios de difusión (mal llamados de comunicación), encuadrados en un sistema empresarial con régimen legal propio. Lo mismo se aplica para los casos de monopolios y oligopolios de las empresas nacionales e internacionales propietarias de los medios, destacados en el Principio Nº 12, con mención totalmente incorrecta sobre posible “conspiración contra la democracia” o los “criterios democráticos”. Lo que debe considerarse en realidad es la diferencia entre “Libertad de Prensa” y sus relaciones con la “Libertad de Expresión” y el “Derecho a la Información” (condensado en la LIBERTAD Y DERECHO A INFORMAR E INFORMARSE), y lo que se denomina “Libertad de Empresa” de medios de difusión (mal llamados de comunicación).
En definitiva el Principio Nº 12 hace una mala relación con la idea de “democratizar DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES E INDIVIDUALES”, con medios empresariales de difusión (NO de comunicación) de contenidos informativos, que degenera en desinformación por ocultamiento o saturación de informaciones; formativos, que degenera en deformación de la realidad y de las ideas mediante propagandas; y de entretenimiento, que degenera en distracción del “rebaño perplejo” para evitar reclamos o revueltas:
(ver:  http://editornoroestino.blogspot.com.ar/2010/07/informacion-social-pura-i.html  ).

EL PRINCIPIO Nº 13 DE LA DECLARACION SOBRE EL ART. Nº 13:
El Principio Nº 13 de la Declaración de Interpretación del artículo Nº 13 del Pacto de San José de Costa Rica establece la “estocada final”, la “herida mortal”, la “muerte total y definitiva” de la Ley Nº 26.522. No hace falta repetirlo. Es claro como el agua pura y transparente. Como la verdad reveladora. Como el principio filosófico de la auténtica y verdadera JUSTICIA.
POR TODO LO ANTES DICHO Y POR EL PRINCIPIO FILOSOFICO DE JUSTICIA, SOLICITO SE CONSIDERE Y RESUELVA LA INCONSTITUCIONALIDAD TOTAL Y NULIDAD ABSOLUTA DE LA LEY Nº 26.522, CONOCIDA COMO LEY DE MEDIOS EN LA ARGENTINA.


PETITORIO

  1. Se me tenga por presentado con domicilio constituido y se me de intervención que por derecho propio me corresponde en virtud de mi personalidad jurídica.
  2. Se declare inconstitucional y nula de nulidad absoluta a la Ley Nº 26.522, conocida como “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” o “Ley de Medios”.

JUSTICIA


Luis Antonio Mena

DNI 11.463.182